Una mujer de apellido Salas quien se desempeña como cajera además de realizar trámites administrativos en la Municipalidad de Pérez Zeledón fue despedida de su trabajo al conocerse su estado de embarazo.
Según indicó la afectada las autoridades municipales le comunicaron que para mantenerse en el puesto laboral debía firmar un contrato cada tres meses.
Sin embargo cuando comunicó que estaba embarazada se le dijo que NO se le renovaría el contrato por lo que se nombró una persona sustituta en su puesto.
Agregó que pese a solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo se le explicó que la solución ofrecía era ser nombrada en otro puesto mientras terminaba su embarazo y solo hasta completar el período de incapacidad pues luego sería despedida.
La afectada NO aceptó la propuesta y acudió ante la Sala Constitucional órgano que le dio la razón luego de presentar un recurso ante la situación que atravesaba.
El Máximo Órgano Constitucional declaró con lugar la acción y ordenó al Municipio de Pérez Zeledón restituir a la afectada en su antiguo puesto laboral.
Además condenó al ayuntamiento asumir el pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que sirvieron de base a dicha declaratoria.