martes, 12 de octubre de 2010

Seis meses de prisión preventiva a dos mexicanos detenidos por "avionetazo"

Seis meses de prisión preventiva deberán descontar dos hombres de apellidos Martínez Trujillo y Mendoza Rivera, de nacionalidad mexicana.

Ambos son sospechosos de cometer el delito de tráfico internacional de drogas, según lo resuelto esta mañana por el Juzgado Penal de Pavas, San José.

Los extranjeros fueron detenidos por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), este lunes 11 de octubre en el puesto fronterizo con Nicaragua de Peñas Blancas.

A ellos las autoridades los vinculan con la avioneta que se estrelló el pasado domingo en el Río Torres, en la capital, con 173 kilos de cocaína.

Seis meses de prisión preventiva a dos mexicanos detenidos por "avionetazo"

Seis meses de prisión preventiva deberán descontar dos hombres de apellidos Martínez Trujillo y Mendoza Rivera, de nacionalidad mexicana.

Ambos son sospechosos de cometer el delito de tráfico internacional de drogas, según lo resuelto esta mañana por el Juzgado Penal de Pavas, San José.

Los extranjeros fueron detenidos por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), este lunes 11 de octubre en el puesto fronterizo con Nicaragua de Peñas Blancas.

A ellos las autoridades los vinculan con la avioneta que se estrelló el pasado domingo en el Río Torres, en la capital, con 173 kilos de cocaína.

Deben solucionar problemas ambientales en el "Huazo"

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), y el Tribunal Ambiental Administrativo, deberán solucionar los problemas ambientales producidos por el relleno sanitario el Huazo, en Aserrí, al declararse con lugar un recurso de amparo.

Los vecinos del Parque de Tecnología Ambiental Aczarri, el Huazo, presentaron un recurso de amparo en virtud de una serie de problemas ambientales por el relleno sanitario y aunque presentaron denuncias contra la empresa encargada estás no fueron contestadas.

De acuerdo con el fallo “se ordena a José Lino Chávez López, Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo, o a quien ocupe ese cargo, que dicte disposiciones para que dentro de dos meses sea resuelta la denuncia presentada por vecinos de la comunidad.

Lo anterior, bajo apercibimiento de que, de no acatar esta orden, el infractor incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71 de la Ley se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa.

Además se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

Los recurrentes responden a los apellidos Ortega Carranza en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Guatuso, Huazo, Calle Lajas, Aserrí-Desamparados.