San José. Costa Rica. Costa Rica acusó este martes a Nicaragua de poner en peligro “la estabilidad y la paz entre dos países hermanos”.
Además de poner en entredicho el marco jurídico que ambos Estados se han comprometido respetar.
Así lo advirtió al iniciar las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia, CIJ, que conoce la solicitud de medidas cautelares.
La acción a fin de frenar una ilegítima ocupación por parte de Nicaragua, así como para frenar el grave daño ambiental que perpetra en el sector de Isla Calero.
Con la invasión militar y la grave devastación ambiental, Nicaragua trasgrede no solo los instrumentos limítrofes territoriales.
Sino también la Carta de las Naciones Unidas, ONU, y la Carta de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Incluso pone en entredicho el marco jurídico que ambos Estados se han comprometido respetar”, expresó el Embajador y Agente para Costa Rica, Edgar Ugalde Alvarez.
En su discurso inicial en las audiencias de tres días, acogidas por la Corte a solicitud de Costa Rica, el Embajador Ugalde dijo que:
“Costa Rica no puede dejar pasar inadvertida la clara intención de Nicaragua de mancillar la larga tradición de institucionalidad y democracia costarricense”.
Advirtió sobre el grave daño ambiental causado “y el daño inminente e irreparable” que pueda producirse.
Así como “el riesgo de un serio agravamiento de la disputa debido al comportamiento nicaragüense”, de constantes provocaciones y agresiones.
El ex Vicecanciller y Agente sostuvo que no se trata de una disputa fronteriza o un problema de interpretación de un tratado o un laudo arbitral.
“Se trata de una disputa sobre actividades ilícitas que Nicaragua realiza en suelo tico, así como de las actividades que pretende realizar a futuro en ese territorio”.
Recordó que “Nicaragua, hasta la fecha, siempre ha reconocido que el territorio en cuestión es en efecto territorio costarricense”.
En la audiencia, efectuada en el Reino de los Países Bajos, Costa Rica presentó aspectos relacionados con la geografía y la historia de la propiedad de Isla Calero.
El país ilustró la forma en que Nicaragua continuamente se rehusó a contestar requerimientos ticos sobre estudios de impacto ambiental.
Los mismos que aseguraran que las obras de dragado del río San juan no afectarían territorio costarricense.
Sergio Uganda indicó que a pesar de habérsele pedido a Nicaragua detener los trabajos de construcción de un caño, ese país continuó con esos trabajos.
Los abogados externos Marcelo Cohen y James Crawford demostraron la existencia innegable de derechos costarricenses de larga data en el lugar ocupado.
Ambos alegaron que siempre fueron respetados por Nicaragua hasta hace sólo menos de tres meses.
Asimismo, mostraron la gravedad de los daños, el impacto irreparable ya generado y la irreversibilidad del daño de permitírsele a Nicaragua continuar destruyendo la zona.