Estas medidas cautelares distintas a la prisión preventiva se solicitaron por un plazo de seis meses, contra la alcaldesa Joyce Zurcher Blen.
La alcaldesa de Alajuela es sospechosa de los delitos de abuso a la autoridad, tráfico de influencias, usurpación de funciones e incumplimiento de deberes.
Lo anterior, según comunicó la Fiscalía General de La República, en perjuicio de la función pública y la empresa COMCOAS.
El Juzgado Penal de Hacienda le dictó NO influir, amenazar o intimidar aquellos funcionarios que por sus funciones participen en las gestiones que tramitan la empresa ofendida.
Además que puedan figurar como testigos de la causa, concretamente patentes, comisiones y catastro, las cuales fueron dictadas por cuatro meses.
Los hechos investigados por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios iniciaron debido a una denuncia interpuesta por el representante de la empresa ofendida en enero anterior.
Los demandantes aseguran que la alcaldesa Zurcher ejerció fiscalización de manera directa para detener las obras de una cementera en San Rafael de Alajuela.
También alegan la posible intromisión en las gestiones presentadas por la empresa ofendida pese a que la alcaldesa esta inhibida para conocer las gestiones presentadas ante la Municipalidad.