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El Gobierno de la República celebra la aprobación, esta tarde en segundo debate, del proyecto de ley que sanciona las relaciones impropias con menores de edad.
La Vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón Echeverría, se mostró satisfecha por la aprobación del texto y dijo que “esta iniciativa le devuelve a las personas menores de edad su derecho a vivir una vida con dignidad, donde no estén sometidas a matrimonios y embarazos tempranos. Sus vidas no se verán truncadas y podrán finalizar sus estudios".
Chacón agregó que Costa Rica, una vez más, demuestra estar a la altura de los derechos humanos y de lo que demanda el sistema de Naciones Unidas respecto de una mejor calidad de vida de estas personas.
"Estamos saldando una enorme deuda al resguardar jurídicamente a esta población, de situaciones que lastiman y vulneran flagrantemente sus derechos y con ello, su dignidad humana”, dijo la jerarca.
El proyecto, conocido como “Prohibición de Relaciones Impropias”, plantea una serie de reformas a varios artículos del Código Penal, Código de Familia, Código Civil y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil.
Con esta iniciativa se castigaría hasta con tres años de cárcel a quienes siendo mayores de edad mantengan relaciones sexuales con personas menores de 15 años, si la diferencia de edad entre ambos es de cinco o más años.
Impone el mismo castigo cuando quien es menor de edad tenga entre los 15 y menos de 18 años, si la diferencia de edad entre ambos es de 7 años o más.
Además, prohíbe la inscripción de matrimonios que incluyan a menores de edad ante el Registro Civil.
A la vez, aumenta la edad mínima de 13 a 15 años para el consentimiento sexual cuando entre ambos existan 5 años o más de diferencia en sus edades.
Por otra parte, el texto prohíbe el matrimonio entre aquellas personas que hayan sido adoptadas y sus tutores o sus descendientes.
También, propone que la patria potestad se elimine cuando la persona menor de edad se encuentre en situación de abandono, haya sido objeto de violación o abuso sexual de su propio familiar o tutor.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) urgió al país a adoptar legislación como la que dio pie a este proyecto de ley para prohibir las relaciones impropias.
